El desarraigo es duro, según dicen ellos, pero la paga es buena y ello justifica permanecer en un país ajeno, con culturas muy dispares y alejado de los seres queridos con fin de juntar algunos ahorros y, según sueñan quienes se van, volver a su país de origen y poder establecerse nuevamente con otras posibilidades.
En ocasiones la vuelta nunca ocurre, o sucede antes de lo previsto por la dificultad de adaptarse, quizás el idioma y sin duda, la idiosincracia; pero lo que ciertamente es muy frecuente es que las mejoras laborales y/o económicas conseguidas en España no son tales.
Muchas de las personas que han decidido sumarse a la inmensa ola de inmigración llegada a España son profesionales o tienen un oficio con el que se les dificulta emplearse en su país de origen o la paga no les resulta suficiente; pero al desembarcar en el país de destino no todos los profesionales se emplean como tales y, en ocasiones, pasan a formar parte de la mano de obra de “aquellos trabajos que nadie quiere hacer”, el trabajo que ningún nativo haría.
La mayoría de ellos son ilegales y no cumplen los requisitos legales para habitar en un nuevo país y ello promueva una precariedad laboral y de salud sin igual. No tienen derecho a paro, ni a seguridad social. Sus sueldos son bajísimos. Sus trabajos duros. Sus derechos quedan mermados por los que mandan (especie de chulo) y sus esperanzas se van agotando poco a poco. Su ilusión, la familia que espera la recompensa del hermano, del marido o del padre de familia. Muchos de ellos no conocen a sus hijos, no han podido enterrar a su madre o llevan compartiendo piso con otros 16 compañeros que comparten la misma situación.
Esta realidad se multiplica en el mundo y es sólo un ejemplo de los movimientos migratorios que afectan a cerca millones de personas que buscan progresar, emplearse y ganar un salario no siempre digno.
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